En el año 2020, Maria Grazia Giammarinaro, Relatora Especial sobre la trata de personas de Naciones Unidas, escribía:
“En los últimos decenios ha quedado cada vez más claro que la trata, la esclavitud, el trabajo forzoso y otras formas de explotación son componentes sistémicos de las economías y los mercados de todo el mundo y deberían afrontarse como una cuestión de derechos humanos y justicia social”.
Estas afirmaciones se produjeron en el contexto de una revisión más amplia del Protocolo de Palermo, primera herramienta jurídica para luchar contra la trata de personas, que fue aprobada en el año 2000. En efecto, para Giammarinaro el protocolo carecía de algo esencial: el reconocimiento del contexto económico dominante en el que se ha de aplicar y que es el que crea enormes canteras humanas susceptibles de explotación. Y es que en palabras de la profesora de derecho penal Esther Pomares, el protocolo no afrontaba la explotación estructural ni tampoco comprometía a los estados a hacerlo.
En el informe Giammarinaro sí se atrevió a resaltar el papel crucial de las empresas en la lucha contra la trata, es decir, contra la esclavitud contemporánea. De hecho, menciona algunos posibles mecanismos que las empresas pueden adoptar dentro del marco de un compromiso efectivo: elevar los niveles de transparencia en las cadenas de suministro, cumplir las obligaciones de diligencia debida o mejorar la regulación de los intermediarios en la contratación, por ejemplo. En definitiva, se trata de desarrollar legislaciones eficaces que nos obliguen a ser mucho más conscientes y responsables de las “correas de transmisión” de aquellos productos, bienes o servicios que adquirimos y de los que nos beneficiamos.
Y es que las vulneraciones de derechos humanos sobre las que se asientan muchos negocios y operaciones comerciales son realidades que hemos “normalizado”, basándonos en su lejanía geográfica o emocional con respecto a nosotros, es decir, en su invisibilidad de facto. Conviene creer que lo injusto, o bien no sucede, o sucede siempre al otro lado, es decir, que no hay vínculo alguno que nos ate a ello. Sin embargo, muchas de las demandas que formulamos son recibidas de inmediato y en algunos casos pueden satisfacerse de forma prácticamente simultánea a nuestra expresión. Va a ser necesario articular mecanismos cada vez más ajustados de atribución de responsabilidad de aquello que, finalmente, acabamos teniendo a nuestra disposición.
Ante el nuevo paradigma que, titubeantes, vamos poco a poco descubriendo y creando, el derecho penal ha comenzado a realizarse nuevas preguntas. El profesor Juan Antonio Lascuraín formula la siguiente: “¿cabe atribuir responsabilidad penal a las empresas (antes a los individuos que rigen las empresas) que adquieren bienes elaborados con vulneraciones graves de derechos humanos?” Y en caso afirmativo, ¿cuál sería la estrategia de atribución? Para el profesor Molina Fernández sería factible atribuirle responsabilidad penal a aquellos que contribuyan a la creación de hechos delictivos realizados por otras personas, creando “escenarios fértiles” o circunstancias “que favorecen la comisión de delitos”. Pensemos, por ejemplo, en la pornografía infantil y en la penalización ya existente no solo de la oferta, sino también de la demanda. El abanico de posibilidades que se abre es considerable.
Las causas de la trata de personas y la explotación siguen siendo las de siempre: “la pobreza extrema, la discriminación por razón de género, la violencia intrafamiliar y sexual, la miseria en situaciones de conflicto, los desastres naturales y pandemias, y la injusticia sistémica”, confirma Giammarinaro. Quizás sea hora de reforzar los ordenamientos jusridicos y poner el foco en los procesos comerciales que las perpetuan. El camino es explorar mecanismos de atribución de responsabilidad penal a la empresa y a los individuos que las dirigen.
Las empresas adheridas a «no+trata»
Antes de terminar, y porque la esclavitud y la explotación existen hoy en España, desde no más trata queremos agradecer a las empresas que colaboran con nuestra campaña su compromiso en la construcción de una sociedad cada vez más consciente y sensibilizada contra la esclavitud, sea cual sea la forma que esta adopte. La labor es ingente. No obstante, ninguna aportación es pequeña y todas son necesarias. Agradecemos muy especialmente a:
- Sala Yoga Tierra (Cantabria)
- AT Pulseras (Valencia)
- Modas Merigor (Bizkaia)
- Construcciones Dayjor (Baleares)
- Peluquerías Lupriett (Valencia)
- Taller de Pintura Asier (Bizkaia)
VI Congreso sobre formas contemporáneas de esclavitud
También queremos contaros una cosa más. Recientemente hemos asistido al VI Congreso sobre formas contemporáneas de esclavitud, organizado por la Red Iberoamericana de Investigación sobre Formas Contemporáneas de Esclavitud y DDHH y la Universidad de Granada, durante el cual se han manifestado estas y otras muchas reflexiones. Allí hemos tenido la oportunidad de escuchar a magníficos ponentes. Entre ellos se encontraba el profesor Juan Antonio Lascuraín, quien acaba de publicar en su blog una entrada sobre cómo cree que se “combatirá” a los “proveedores inmorales” en las cadenas de suministro en la futura Ley Orgánica Integral contra la Trata y la Explotación de Seres Humanos, que se está elaborando en la actualidad y que ha sido objeto de revisión en el congreso.
Si deseáis profundizar en el tema y tener información específica que desarrolla algunos puntos aquí mencionados antes de que se apruebe la ley, os dejamos el link. Esperamos que lo disfrutéis. ¿Cómo combatimos al proveedor inmoral?, por Juan Antonio Lascuraín, 27-3-2023.
Fuentes:
- Informe de la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, Maria Grazia Giammarinaro del año 2020.
- ¿Qué se protege con el blanqueo de capitales? Molina Fernández, Política Criminal y blanqueo de capitales, 2009.
- ¿Cómo combatimos al proveedor inmoral?, por Juan Antonio Lascuraín, 27-3-2023
- Otras observaciones como la realizada a la profesora Esther Pomares ha tenido lugar durante el citado congreso.
